México es un país con abundante riqueza natural, cultural y humana, que nos hace destacar entre las naciones y nos llena orgullo. Desafortunadamente, también es una tierra que está atravesando uno de sus peores episodios de inseguridad y descomposición social.
Uno de los indicadores más alarmantes de esta crisis es el elevado número de crímenes y homicidios que ocurren a diario en el país, los cuales, tan solo el martes de esta semana alcanzaron los 93 homicidios dolosos.
Basta ver los diarios nacionales para percibir el amargo sabor de boca que deja esta grave problemática, como lo es la estela de dolor ocasionada a las familias de las víctimas, muchas de las cuales son menores de edad.
Uno de estos trágicos episodios se dio esta semana en Zacatecas, donde siete adolescentes -todos estudiantes- fueron secuestrados y posteriormente encontrados los cadáveres de seis de ellos en una zona de difícil acceso de esa entidad. Sólo uno de los jóvenes fue encontrado aún con vida, aunque herido.
Para las familias de las víctimas no hay duda que el crimen fue un secuestro perpetuado por el crimen organizado. En contraparte, el ministerio público, encargado de esta investigación, ha preferido usar un eufemismo y denominarlo simplemente como “una privación de la libertad”.
Desafortunadamente, no se trata de un caso aislado en el país, en tanto a la criminalidad como la forma en la que las autoridades abordan y menosprecian la problemática. En Nuevo León, también el martes de esta semana, fueron abandonados los cuerpos de 12 personas en diferentes puntos de la zona metropolitana.
¿Qué está pasando en México que cada día el crimen gana más terreno y las autoridades lo pierden? Sobran respuestas para esta pregunta, pero claramente tiene que ver con la política de seguridad emprendida por la administración morenista y muy en concreto por la encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue él que abiertamente se pronunció por una política de “abrazos, no balazos” bajo la cual prometió abordar la violencia y el crimen desde una perspectiva más centrada en programas sociales y medidas preventivas en lugar de la fuerza militar. Sin embargo, a medida que avanzan los años de su mandato, los resultados son sumamente cuestionables.
Los niveles de violencia no han disminuido de manera significativa y, por el contrario, han aumentado. Los cárteles de la droga continúan ejerciendo un fuerte control en diversas regiones del país, y la percepción de inseguridad persiste en muchas comunidades.
De acuerdo con el reporte del Índice de Paz Global, publicado por el Instituto por la Economía y la Paz, México ocupa el lugar número 137 en inseguridad de 163 países evaluados, incluso es más inseguro que Haití, Guatemala y El Salvador.
Asimismo, nuestro país ocupa el cuarto lugar en el Global Organized Crime Index 2021 (Índice Global del Crimen Organizado 2021 o GOCI) elaborado por Global Initiative against Transnational Organized Crime (Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional o GI), una ONG internacional con sede en Ginebra, Suiza.
Estas cifras son resultado de la falta de una estrategia de seguridad efectiva, la cual ha dejado un vacío en la lucha contra la violencia. Un realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano permite ver que, pese a la gravedad de la situación, el presidente minimiza el problema, ya que no dedicó ni un minuto al tema de la seguridad en el mensaje que realizó con motivo de su Quinto Informe de Gobierno; y no solo eso, apenas le dedicó 23 segundos a proporcionar “datos que van desde lo falso a lo incorrecto sobre la incidencia delictiva”.
Siempre hay “otros datos”, “otra versión” u “otro eufemismo” al dolor que causa a las familias mexicanas la desaparición o secuestro de uno de sus integrantes. La mayoría de la ciudadanía está “desilusionada” del propio actuar de las autoridades e incluso ha optado por no denunciar.
La organización Impunidad Cero lo retrata al mencionar que, en México, de cada 100 delitos que ocurren, solamente 6.4 son reportados oficialmente. De esos 100 delitos denunciados, únicamente 14 logran obtener una resolución. En otras palabras, la probabilidad de que un delito cometido se resuelva en nuestro país es increíblemente baja, llegando tan solo al 0.9%.
Me niego a pensar en que como ciudadanos tengamos que acostumbrarnos a estas situaciones y a normalizar la violencia. Está más que claro que no funciona la estrategia de la 4T y que las buenas intenciones no son suficientes, se necesitan acciones decididas y ya.
Creo que es esencial encontrar un equilibrio entre las medidas preventivas y la aplicación de la ley para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos mexicanos. Estoy convencido que la ciudadanía no será omisa a estas alternativas en las propuestas de los candidatos en 2024 y que no se esperará a ver cuáles siguen siendo los efectos de esta mala gestión.
-Con información de la columna de Carlos Martínez Amador para El Sol de Puebla
