Tras que el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta diera a conocer la presunta venta de menores a través del Sistema DIF, acorde a una investigación periodística se dio a conocer que hay una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR)en contra de cinco funcionarios tanto de la Fiscalía General del Estado (FGE), como de propio sistema, por violar un amparo por despojar a una madre de sus hijos.
En agosto de 2015 funcionarios del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron denunciados penalmente ante la instancia federal junto con varios de sus colaboradores por violar una suspensión provisional del juicio de amparo 1245/2015-IV del juzgado primero de distrito, tras arrebatar a una mujer a sus hijos de cinco y ocho años de edad.
En el documento se señalaban como presuntos responsables a Maciel Merino Aguirre, encargado de la averiguación previa 2048/2015 de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Claudio Vega Ramos, responsable de la representación legal de adopciones del DIF estatal; María de Ángeles López Rosales, parte del ministerio público del DIF; María Fabiola Herrera Rosas, procuradora del menor; Claudio Vega Ramos, responsable del área de violencia intrafamiliar.
Presiones para darlos en adopción
De acuerdo al proceso, Liliana “N” fue denunciada de manera anónima por violencia intrafamiliar, en junio de 2015, se dijo que fue una vecina, sin que se supiera el nombre de la denunciante, por lo que personal del DIF acudió a su domicilio a recoger a los menores el 3 de julio de 2015, y llevarlos a un centro ubicado en Acajete sin condiciones adecuadas para atender a los menores.
El centro lo denominan “El Jacalito” y obligaron al padre biológico de uno de los menores a firmar un documento donde se desistía de presentar alguna queja por haberlos llevado a ese lugar.
Según la denuncia, el personal del DIF le informó a la madre que los niños serían ya dados en adopción y que estarían mejor con otras familias que les iban a dar educación, a pesar de que de acuerdo al diagnóstico de los médicos legistas, ninguno de ellos presentaba el síndrome del niño maltratado, o señales de golpes recientes.
El papel de la Fiscalía
De acuerdo a la versión del entonces abogado de la víctima, Pablo Herrera Romero explicó que al no ceder la madre de familia y seguir luchando por recuperar a sus hijos, fue enviada al penal de San Miguel donde solo estuvo un día y se pagó la fianza.
“Liliana N” fue detenida el 28 de enero de 2016 y liberada bajo fianza, presuntamente por violencia intrafamiliar, pero se insistió que el dictamen de los propios médicos legistas de la Fiscalía General, señalan que ninguno de los menores presentaba lesiones o el síndrome del niño maltratado.
En riesgo los menores
La madre de familia recurrió a organizaciones sociales para pedir apoyo, siendo el Movimiento por la Esperanza, el que denunció en rueda de prensa los hechos.
Tras ventilarse el tema en los medios y presentar un recurso ante la justicia federal, el sistema DIF tomó represalias en contra de Liliana y se giró la orden de aprehensión en su contra.
Con información de Intolerancia Diario
