Aunque la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que se debe asegurar su participación plena y efectiva para postularse a cargos de representación popular, los partidos no les consideran en la formación y selección de sus cuadros político electorales.
Arrancó el proceso electoral y, pese a los compromisos de México en el ámbito internacional, los partidos políticos no incluyen a las personas con discapacidad en sus procesos internos o en sus estatutos. Aquellos que sí lo han hecho, han restringido sus acciones al papel y los discursos.
Lo anterior no es menor cuando se considera que, en Puebla, una de cada cinco personas tiene alguna discapacidad o limitación física según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018.
Sin embargo, sólo tres de los 13 partidos políticos existentes en el estado toman en cuenta a esta población en sus estatutos o comisiones especiales: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas.
La mayoría de las fuerzas políticas considera que una cláusula general contra la discriminación basta y que las comisiones especiales para este grupo son para impulsar posibles candidaturas, aunque esto no garantiza un puesto de elección popular o un escaño en el poder legislativo, y hasta ahora ninguna ha recurrido al principio de representación proporcional para incluir a este grupo poblacional en los comicios.
Ante esta situación, el consejero presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, y la diputada Rocío García Olmedo, integrante de la Comisión de Igualdad del Congreso de Puebla, consideran que sería pertinente hacer una reforma en materia electoral para establecer un sistema de cuotas y así garantizar que las personas con discapacidad lleguen a puestos de elección popular.
