El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, una fecha que busca generar conciencia sobre los graves problemas que enfrentan las víctimas de estas formas de violencia en todo el mundo.
México es un país en el que la explotación sexual y el tráfico de personas representan una amenaza constante para mujeres, niñas y niños.
Desafortunadamente, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tan solo entre agosto de 2017 y julio de 2021 se identificaron 3 mil 896 víctimas de los delitos en materia de trata de personas en el país, de las cuales un 75.3 % correspondieron a mujeres, de las cuales un 36% fue de menores de 18 años.
Aunado a ello, en foros organizados por senadores, diputados y especialistas se ha dado a conocer que en el país son explotados sexualmente entre 80 y 85 mil niñas y niños, además de que se ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil.
Las razones detrás de estas problemáticas son múltiples y complejas, incluyendo la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, la desigualdad de género y la impunidad. Además, la ubicación geográfica del país que lo convierte en un punto de tránsito importante para el tráfico de personas con destino a los Estados Unidos.
Es por ello que uno de los retos más apremiantes en México es la falta de una legislación integral que aborde de manera efectiva estos crímenes. Si bien se han realizado avances significativos en la legislación y en la creación de instituciones encargadas de combatir la trata de personas, aún persisten lagunas y obstáculos en la aplicación de la misma.
Por su parte, el estado de Puebla no está exento de los problemas relacionados con estos delitos. La vulnerabilidad de la población, especialmente en áreas rurales y marginadas, aumenta el riesgo de que mujeres, niñas y niños sean víctimas de estos crímenes. Además, la ubicación estratégica de la entidad, también puede ocasionar que sea utilizado como ruta de tráfico de personas hacia otras regiones del país.
La propia Fiscalía General del Estado ha dado a conocer que el 80% de las carpetas de investigación abiertas por trata de personas en la entidad tienen como víctimas a mujeres, además que de 2019 a 2023 se han registrado 103 mujeres víctimas de trata de personas en el estado.
Es así que uno de los desafíos específicos en Puebla es la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección temprana de la explotación sexual y el tráfico de personas. Esto implica una mayor capacitación para los funcionarios encargados de la protección de derechos humanos y la colaboración entre distintas instituciones estatales y municipales.
Lo que es un hecho, es que tanto a nivel nacional como local es necesario contar con marcos legales sólidos que permitan la persecución efectiva de los responsables de estos crímenes y la protección de las víctimas.
Aunado a ello, y considerando que el tráfico de personas es un fenómeno transnacional, México debe fortalecer la cooperación con otros países en la lucha contra esta problemática.
Asimismo, es necesario que se impulse la promoción de la educación en temas de género y derechos humanos desde edades tempranas, lo cual puede contribuir a prevenir la explotación sexual y el tráfico de personas.
También es fundamental contar con programas de atención integral a las víctimas, que incluyan servicios de salud, asesoría legal, apoyo psicológico y reintegración social.
En este contexto, es necesario reflexionar sobre las causas y consecuencias de este flagelo, que es considerada una forma de esclavitud moderna, pero sobre todo en la urgencia de implementar acciones para combatirlo.
Tenemos en nuestras manos el poder visibilizar el problema y garantizar que mujeres, niñas y niños puedan vivir una vida plena y libre de violencia.
-Con información de la columna de Carlos Martínez Amador para El Sol de Puebla
