Hace unos días se hizo pública la intención de la fracción legislativa de Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados de recortar entre 15,000 y 25,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el 2024, situación que de materializarse ocasionaría su inoperancia.
Estas afirmaciones son muy graves ya que en México el Poder Judicial es una de las instituciones fundamentales para el funcionamiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, pero más allá de ello representa una vulneración al principio de división de poderes que constituye uno de los pilares prioritarios de cualquier sistema democrático.
Al respecto se sabe que actualmente el presupuesto del Poder Judicial de la Federación representa el 0.9 por ciento del dinero público que ejercen todas las instituciones del Estado en su conjunto, y el cual es repartido entre la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es por ello que considero que más allá de los pesos, es necesario ver los contrapesos, ya que es precisamente el Poder Judicial de la Federación es el encargado de garantizar la imparcialidad y la independencia del sistema de justicia en México.
Para cumplir con esta función y hacer frente a los retos que representa la impartición de la justicia en el país se requiere de una estructura sólida y recursos adecuados, por lo que una reducción significativa en su presupuesto podría atraer graves consecuencias.
El primero recaería en los recursos humanos que hacen posible la impartición de justicia, por lo que podría llevar a una disminución en el número de jueces, abogados y personal de apoyo, lo que resultaría en una mayor carga de trabajo para los empleados restantes. Esto podría traducirse en retrasos significativos en la resolución de casos, lo que afectaría negativamente a las personas que buscan justicia y a la eficiencia del sistema judicial.
Tenemos que tener presente que el Poder Judicial es el garante de la protección de los derechos humanos en México. Una reducción en su presupuesto podría debilitar su capacidad para dictar sentencias justas y para garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Esto podría tener un impacto particularmente grave en grupos vulnerables y marginados.
Asimismo, la independencia del Poder Judicial se ve amenazada cuando no cuenta con recursos suficientes para operar eficazmente. Esto podría dar lugar a situaciones en las que los jueces y otros funcionarios judiciales sean más susceptibles a la corrupción y a la influencia indebida de terceros, lo que minaría la confianza en el sistema de justicia.
Desde luego, hay que destacar que la separación de poderes es un principio fundamental de la democracia. Una disminución en el presupuesto debilitar su capacidad para servir como un contrapeso efectivo frente a los otros poderes del Estado, lo que socavaría la calidad de la democracia en México.
Desafortunadamente, en los últimos años, muchas de las instituciones que son parte fundamental del avance de la democracia en el país, como ha sido el propio INE o el INAI, se han visto socavadas por intereses políticos y particulares perpetrados por el partido en el poder.
Es importante destacar que la inversión en el Poder Judicial no solo es una cuestión de gasto, sino también de inversión en la democracia y el Estado de Derecho. Un sistema de justicia fuerte y eficiente es esencial para resolver disputas, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que el gobierno y sus actos estén sujetos al escrutinio y la legalidad.
-Con información de la columna de Carlos Martínez Amador para el Sol de Puebla
