Desafortunadamente, la democracia y la gobernabilidad en el país vuelve a estar en vilo, después de que hace unos días la bancada de Morena y sus partidos aliados impulsaran en la Cámara de Diputados la aprobación del dictamen para extinguir 13 de los 14 fideicomisos que están bajo la responsabilidad del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Esta medida, mandatada por iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se ejecuta bajo la bandera de privilegiar la austeridad republicana; sin embargo, la realidad es que las afectaciones de estas acciones repercutirán directamente en la seguridad laboral de los más de 60 mil trabajadores del Poder Judicial.
Un análisis del Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) concluye que el dictamen aprobado por 259 legisladores “afecta la división de poderes y la independencia del Poder Judicial de la Federación”.
En este sentido es que el IMCO destaca que el propósito de fortalecer la transparencia y la gestión del uso de recursos públicos “no requiere la extinción de fideicomisos públicos”.
Resalta que en la exposición de motivos del dictamen se menciona que una justificación para eliminarlos es la opacidad en el uso de sus recursos. “Sin embargo, las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan recomendaciones de mejora, pero no irregularidades en el uso de dinero público. En términos de proporción del gasto, el presupuesto total del Poder Judicial de la Federación no supera el 1% del gasto total proyectado para 2024”.
Por otra parte, este organismo destaca que la capacidad de autodeterminación interna es un elemento clave para el ejercicio de la autonomía presupuestal con la que cuenta el Poder Judicial.
Su análisis puntualiza que en estos fideicomisos hay fondos que no están compuestos por recursos públicos, sino por fuentes diversas como contribuciones de los trabajadores del Poder Judicial o recursos propios (por ejemplo, venta de publicaciones). “Por su origen, estos recursos no deberían ser transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Limitar la capacidad de organización y gestión del Poder Judicial podría significar una afectación al cumplimiento de obligaciones y garantía de derechos”.
Es así que no extraña a partir del día de ayer, jueves 19 de octubre, las y los trabajadores afiliados al Sindicato del PJF hayan iniciado un paro nacional en todas las secciones sindicales, el cual durará hasta el 24 de octubre, fecha en la que culminará la participación del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados.
Ante estos flagrantes atropellos, queda preguntarnos cuál será el fin de estos 14 mil 434 millones de pesos que se reintegrarán a la Tesorería por la extinción de estos fideicomisos. ¿Serán empleados en los asuntos prioritarios del país? ¿Beneficiarán a los sectores más vulnerables? ¿Realmente habrá mayor transparencia en su aplicación? Desafortunadamente la experiencia con la desaparición de otros fideicomisos que ha realizado la bancada de la 4T nos dicta lo contrario.
Fue en 2020 que Morena y sus aliados desaparecieron 109 fideicomisos de distintos sectores: educativo, turístico, campo, salud, entre otros; con el argumento de que con los más de 64 millones de pesos obtenidos se comprarían vacunas contra el Covid-19. Hasta ahora no se ha transparentado la información sobre que esto haya sido así, pero se sabe que fueron usados de manera discrecional para las “obras insignia” del presidente y otros “asuntos” hasta ahora desconocidos.
Asimismo, llama la atención que mientras se aprueba la extinción de los fideicomisos del PJF, se aprueben 3 nuevos creados para las Fuerzas Armadas.
Es imposible no ver esta acción como un ataque “revanchista” del Presidente y de la 4T contra un Poder Judicial que no se doblega y que, por el contrario, funge como un claro contrapeso ante las propuestas abruptas y unilaterales del ejecutivo, como por ejemplo como freno del llamado “Plan B” para la desaparición del INE o la reactivación del INAI.
Tampoco se puede dejar de lado que los recursos que se devuelven a la Tesorería por la desaparición de los Fideicomisos entran a un “cochinito” sin reglas que opacan su operación y que, incluso, se pueden “desviar” fácilmente con fines políticos rumbo a las elecciones del 2024.
Pero, sobre todo, podemos ver que la desaparición de estos fideicomisos es un golpe político que atenta claramente contra la autonomía del Poder Judicial, la base trabajadora de éste y la impartición de justicia en la nación.
No podemos dejar de insistir en la importancia de la división de poderes en México y en la existencia de contrapesos, por lo que seguiremos de cerca el proceso legislativo en la Cámara Alta. Desafortunadamente, nuevamente veremos entrar a la nación en un proceso de polarización y de aletargamiento que a nadie, absolutamente a nadie, que ame a su país beneficia.
-Con información de la columna de Carlos Martínez para “El Sol de Puebla”.
