Al interior del gobierno de México existe una preocupante falta de coordinación entre diversos organismos y funcionarios con respecto a la gravedad de la tortura y las formas de erradicarla, lo cual ha incidido en que dicha práctica siga siendo común en el país y sus responsables continúen en la impunidad.

Así lo indicaron organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, las cuales advirtieron que en el país sigue habiendo pocos recursos y voluntad política para acabar con los tratos inhumanos, crueles y degradantes, a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para avanzar en esa materia.

En conferencia de prensa, Helena Solá Martín, coordinadora en América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), explicó que entre el 4 y el 11 de febrero pasado diversos colectivos realizaron una Misión Virtual de Seguimiento para conocer el nivel de implementación que le ha dado el gobierno de México a las recomendaciones que formuló en 2019 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés).

“La Secretaría de Gobernación sí ha manifestado interés de trabajar en el tema, pero hay otras instituciones que ponen trabas o no tienen la misma voluntad o interés en avanzar, y esas mismas instancias son las responsables en no avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones del CAT”

Uno de los principales hallazgos de dicho grupo, dijo, es que la tortura y la impunidad persisten en México, debido a que en la gran mayoría de las instituciones del Estado hay una clara “falta de voluntad” para revertir dicha práctica.

Olga Arnaiz, integrante de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, coincidió en que “hay ciertas contradicciones o desavenencias al interior del gobierno que ellos mismos reconocen en cuanto a temas de derechos humanos y tortura”.